DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES IMPAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

En tiempos de crisis económicas como la que estamos sufriendo en la actualidad es habitual que los progenitores obligados a pagar una pensión de alimentos a favor de sus hijos dejen de hacerlo por no disponer de medios para hacer frente a ese pago.
El artículo 227 del Código Penal contiene dos supuestos de impago de prestaciones económicas establecidas judicialmente en casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial:

a) Las que han de pagarse de forma sucesiva
b) Otras obligaciones establecidas de forma conjunta o única

Se intenta proteger sobretodo a los menores y a la figura más débil tras la ruptura matrimonial, en el sentido de obligar al cumplimiento de las obligaciones y deberes asistenciales fijados mediante Sentencia.
Para que el deudor sea condenado deben existir como mínimo tres elementos típicos:

  1. Una Resolución judicial firme que le obligue al pago de dichos importes.
  2. Un impago reiterado de la prestación económica fijada durante los plazos que prevé el código penal, es decir, dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos.
  3. Una voluntad de incumplir la obligación de prestación impuesta mediante Sentencia.

En este sentido cobra vital importancia la capacidad económica del deudor, es decir, la posibilidad objetiva de cumplir con el pago o que el sujeto tenga la posibilidad material de hacer frente a la prestación o pensión.

El cambio de situación económica del obligado al pago que genera la imposibilidad sobrevenida de cumplir con éste, supondría también la atipicidad de la conducta.

No obstante lo anterior, alguna resolución ha entendido que la imposibilidad de cumplimiento de la prestación por insolvencia debe reconducirse a la posible apreciación de una causa de justificación (estado de necesidad no provocado intencionalmente), es posible diferenciar entre imposibilidad absoluta de pago y, por tanto falta de capacidad de la acción y aquellos en que pueda alegarse un posible estado de necesidad, dificultad o imposibilidad de cumplir con los pagos por atender prioritariamente a otras necesidades. A éste respecto hay que tener en cuenta la posibilidad de reducir la cuantía de la prestación por la vía civil y la no operatividad de la libre absolución si se ha provocado la situación de necesidad.
Lógicamente, existe un problema a la hora de probar la capacidad o no para hacer frente al pago.

Se trata un delito doloso, siendo necesaria la voluntad reiterada de no pagar, en el sentido de que, pudiendo pagar, no paga porque no quiere, por lo que no se entiende acreditado cuando no existe una voluntad de impago, sino discrepancias en cuanto a los importes concretos a pagar.

En esta síntesis simplemente abordamos un asunto con carácter general, en caso de encontrarse ante una situación similar, se deberá acudir a un profesional para que pueda valorar el caso concreto y adoptar una solución específica a dicho problema.